Las sociedades científicas abajo firmantes, en numerosas oportunidades, hemos manifestado la permanente preocupación por la falta de insumos y la calidad de los equipos de protección personal. Por otro lado, a la antigua demanda sobre la precarización laboral y las bajas remuneraciones del personal de salud, que han incrementado el pluriempleo, se suma ahora el efecto económico de esta crisis. El alcance de la nueva ley de eximición transitoria de ganancias, limitada sólo a las horas extras y guardias, carece de impacto ante dicho problema. Lamentablemente, durante esta fase de la pandemia, estos déficits pueden tener consecuencias no deseables.
Hoy nos encontramos ante otra situación preocupante, la judicialización del acto médico en medio de la pandemia por COVID-19.
Si, profesionales de la salud que enfrentan esta contingencia sanitaria en forma directa son imputados por el delito de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, agravado por el resultado de enfermedad y muerte”.
La sociedad debe comprender que médicos, enfermeros, instrumentadores, camilleros y todos los trabajadores que se desempeñan en las primeras líneas de este desigual combate, se encuentran expuestos a contagios ya que es, en su ámbito laboral, donde se trata a los pacientes con dicha infección pero, de ninguna manera, son propagadores dolosos.
Nadie más que ellos desearía no comprometer su salud, no sólo por su propia integridad y la de sus familias, sino porque esta circunstancia inhabilita también a su grupo de trabajo de poder continuar prestando asistencia en este momento donde es imprescindible la colaboración y el esfuerzo de todo el equipo de salud.
Pedimos a la comunidad que se sume a esta solicitada contra la discriminación y criminalización de los trabajadores esenciales. Es importante poder garantizarle protección y apoyo a quienes se encuentran asistiendo a la población en este difícil contexto.
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